Dentro de 40 días se terminará el plazo para solicitar las ayudas del Plan MOVES III, no hay ningún plan posterior, y aumenta la incertidumbre en el mercado. Hace sólo una semana, Wayne Griffiths, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), anunció su dimisión irrevocable para protestar.
Decididamente, este plan de ayudas al vehículo eléctrico ha sido un fracaso. Los fondos tardan mucho en llegar a los adjudicatarios, habiendo tenido que adelantar de su bolsillo el importe de la misma, salvo en algún caso suelto en el que algún vendedor lo haya asumido por su cuenta como atención comercial. Cuando la ayuda se cobra, la necesidad por la misma ha desaparecido, aunque puede servir para cancelar parte del préstamo.
El Gobierno de España se ha lucido. La presente legislatura pasará a los libros de Historia de España como una en la que había mucho ruido y pocas nueces, donde los políticos están más ocupados en asustar a la población con “la derecha y la ultraderecha”, y cuya medida más notable ha sido una ley de dudosa constitucionalidad para borrar los delitos del proceso independentista en Cataluña. Y fue una ley que, repetidas veces, el PSOE negó que fuese a ser realidad jamás.
Aprecie el lector que no se trata de opinión, se trata de hechos. Desde luego, el Ejecutivo tiene otras preocupaciones en la cabeza, y no precisamente la transición energética justa y para todos. Según han ido bajando los precios de la energía, los incentivos han desaparecido, y las ayudas como norma general siguen el mismo patrón: solicítelas usted, que ya las cobrará, si eso, más adelante.
Allá por febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ante representantes del sector que sí, tenían razón, y lo llenó de palabras, pero hechos no hemos visto ni uno. De momento, este año no se va a hacer ni el intento de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ya que Sánchez sabe que sus socios no le van a aprobar las cuentas sin un alto precio a cambio -aunque, en el pasado, eso no acabó siendo un obstáculo.
La industria del motor española está en un momento muy delicado, y las pocas inversiones que se han comprometido, después de la cortina de humo de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona, han sido del fabricante chino Geely, y planes a medio plazo de empresas como Ford. Mientras tanto, la población general sigue sin dar el salto a lo eléctrico en una medida similar a países como el nuestro en términos macroeconómicos.
Mientras dure esta parálisis política, en la que el gabinete de Sánchez está maniatado salvo por lo que pueda hacerse mediante decretos legislativos, España perderá un tiempo muy valioso en su camino hacia una movilidad más limpia, más justa y con externalidades muy positivas para la mayoría social, esa que siempre tienen en la boca para los discursos.
Mayoritariamente, el que se compra un vehículo eléctrico en la actualidad, básicamente puede pagarlo sin ayudas. Los que no, aplazan su decisión, y los coches que más cambian de mano en el mercado de ocasión son maduritos y diésel. Criticamos mucho los viejos incentivos del Prever, el VIVE y el PIVE, pero viendo las cosas con perspectiva, al menos esas ayudas eran inmediatas, y no “en diferido”.