Recientemente, la patronal ANFAC ha publicado su habitual Barómetro de electro-movilidad, que se publica trimestralmente. Partiendo de datos extraídos de Electromaps, que son de acceso público y se alimentan de una comunidad de usuarios, en España hay 32.422 puntos de recarga de acceso público, al cierre del primer trimestre de 2024.
Desglosando, hay 18.475 puntos de acceso público en zonas urbanas y 13.947 en las extraurbanas. Pero la cifra que más chirría es la de puntos de recarga que se encuentran fuera de servicio: 8.645. Esta cifra se incluye dentro de las anteriores, es decir, que más de una quinta parte están inactivos.
El informe de ANFAC, al igual que su fuente primaria de datos, Electromaps, no desglosan las causas por las cuales están inactivos esos puntos de recarga. Tenemos otra fuente de datos, la Asociación Empresarial Para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE). Su último informe es de 2023, pues los publica anualmente.
Infraestructura de recarga de acceso público que se encuentra fuera de servicio (1T 2024) – Fuente: ANFAC/Electromaps
Según AEDIVE, cerramos 2023 con 30.350 puntos de recarga de acceso público, pero no especifican cuántos están inactivos, tampoco las causas. Pero si tiramos del hilo y deshacemos la madeja, llegamos al quid de la cuestión: burocracia y papeleo. Prácticamente la mitad de los puntos de recarga inactivos están relacionados con tres gigantes de la energía: Endesa X Way, Iberdrola, y Repsol.
¿Tiene sentido que estas empresas estén gastándose millonadas en tener una infraestructura de recarga de adorno? Obviamente no. A mediados del año pasado, El Español hizo una recopilación de datos que como mínimo resulta sorprendente:
| Puntos de recarga (total) |
Puntos de recarga (activos) |
Puntos de recarga (inactivos) |
|
|---|---|---|---|
| Endesa X Way | 4.200 | 3.400 | 800 |
| Iberdrola | 5.500 | 3.500 | 2.000 |
| Repsol | 1.200 | 500 | 700 |
| Total | 10.900 | 7.400 | 3.500 |
Y la explicación no está relacionada con la pereza, ni en conspiraciones judeomasónicas de agenda veintetreinta, ni en malvados poderes en la sombra. Es la burocracia, la lista interminable de trámites que tienen parados los puntos de recarga de nueva instalación entre año y medio y tres años. Los mismos que han de ponerle solución son los que tienen el problema enquistado, las autoridades.
Punto de recarga IBIL-REPSOL
Culpable, la Administración
Un año después, el mismo medio, El Español, publicó otra información que desglosa por qué esos plazos se dilatan hasta tres años. Como no es mi intención “fusilar” su trabajo, primero dejo el enlace, y segundo hago una síntesis de lo que cuenta (y el que quiera profundizar, tiene el enlace). Estos son los pasos que hay que dar, y entre paréntesis la magnitud en la que se mide el completar cada paso:
- Negociación y solicitud de las ayudas (meses)
- Firma de contratos
- Visita técnica (semanas)
- Solicitud del punto de recarga a la distribuidora eléctrica (meses)
- Creación y aprobación del proyecto (semanas)
- Solicitud del permiso de obra o declaración de responsabilidad (semanas/meses)
- Obra civil e instalación (semanas)
- Legalización y verificaciones (meses)
- Entronque a la red eléctrica (meses)
- Contratación de la energía (días)
- Puesta en marcha (días)
- Recuperarse de pérdida reputacional por tener un punto de recarga meses inactivo (indeterminado) <- este ha sido cosa mía
Este proceso no es igual en todo el país, ya que tenemos 17 procesos diferentes, uno por cada comunidad autónoma, y se ven involucradas numerosas administraciones y, en ciertos casos, particulares cuyos terrenos se ven afectados por las instalaciones. Decididamente, aquí tenemos un problema de eficiencia, y el margen de mejora es gigantesco.
Cuando al ciudadano corriente se le pasa un plazo o hace algo mal, llámese Pepe García o María López, tiene una penalización. Se le podrá denegar un trámite, pagará una sanción, o tendrá otro tipo de perjuicio, como un embargo o la pérdida de una subvención. Si es posible hacer leyes para obligar a los jueces a cerrar las causas judiciales demoradas, también se puede legislar para cosas tan locas como penalizar las demoras en conceder ayudas, las listas de espera en sanidad o la burocracia excesiva en implantación de puntos de recarga.
En otras palabras, una posible solución a este vía crucis es que se impongan por ley unos plazos, y cada eslabón de la cadena que tarde más de la cuenta sea sancionado. Este cambio legal implicará, si se hace bien (aquí peco de optimista) una mayor eficiencia por mejor aprovechamiento de los recursos existentes o porque se añadan todos los que sean necesarios.
En España tenemos unos objetivos de implantación de puntos de recarga para 2030, de los que estamos bastante lejos, así como de matriculación de vehículos eléctricos. Una cosa depende de la otra. Hoy día nos parecería inexplicable que instalar fibra óptica en un domicilio tardase meses, o que una población tuviese como única conexión con el exterior un camino difícil de recorrer hasta para el ganado bovino.
No hay un ente público que esté vigilando esto y haciendo algo. No, no basta con que haya unos señores funcionarios que reflejen en un papel estos retrasos. Hace falta un organismo que vigile y controle, que ponga sanciones, que apriete tuercas y dé puntapiés en el trasero. El sector privado está haciendo su parte, pues el sector público debe colaborar en todo lo posible, a fin de cuentas, no funcionan con magia, sino con nuestros impuestos.
