El Gobierno de España está decidido a sacar adelante en la presente legislatura la Ley de Movilidad Sostenible, que se encuentra en fase de tramitación y se había quedado en un cajón desde diciembre de 2022. La convocatoria de Elecciones Generales y la consecuente disolución de las cámaras legislativas interrumpió el proceso.
Pero una vez que el Ejecutivo ha ido a lo más urgente, tratar de satisfacer a sus socios parlamentarios, puede ponerse a lo importante, legislar para todos los ciudadanos. El Consejo de Ministros del 13 de febrero dio luz verde a la tramitación parlamentaria del texto de 2022, también por la vía de urgencia, para que esté aprobado este año.
Dicho texto legal está todavía en fase de modelación, porque las distintas fuerzas políticas pueden presentar enmiendas y modificar el texto del proyecto de Ley. Estamos, por tanto, a tiempo de que se introduzcan modificaciones que puedan mejorar dicha Ley.
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Lo único que sabemos es lo que ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, que dicho texto será el mismo de la anterior proposición por no tener tiempo de modificarlo. Ojo, que esa proposición de ley no satisfacía a nadie: conductores, repartidores o ayuntamientos. En fin, legislar para todos es harto complicado.
Por el momento, la norma regulará la movilidad alrededor de los siguientes pilares: es un derecho social, debe ser limpia y sana, se optimizará la planificación mediante el uso de datos y sistemas digitales, y mejorará la calidad de las decisiones de inversión y gasto. La Ley creará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para la coordinación de las administraciones estatal, autonómicas y locales.
Es significativo que la palabra “sana” se asocie a que los ciudadanos vayamos andando a los sitios, o al menos, prioricemos ir a pie
Los jóvenes no tienen más remedio que ir “a pata” porque no tienen dinero para comprar un coche nuevo, que les resulta muy caro, y tampoco pueden comprar un coche muy viejo porque no pueden entrar, por ejemplo, en la M30 de Madrid. Se mueven en Metro, bus o Cercanías, como quiere la Ley, pero, ¿qué ocurre con aquellos que no disponen de combinación de transporte público mínimamente eficiente? ¿Qué hace un estudiante que tenga que ir desde las zonas sin infraestructuras a la Universidad?
¿Qué debería incluir la nueva normativa?
En primer lugar, debería ser completamente justa y equitativa, sin hacer ninguna distinción entre los ciudadanos, ya tengan un nivel de renta bajo o alto, y vivan donde vivan, ya sea en una gran ciudad o en la población más recóndita de nuestra geografía -la España vaciada. Por lo tanto, sería fundamental asignar los recursos de forma eficiente para que nadie se quede atrás por no poderse permitir nuevas tecnologías.
Por otro lado, el texto legal no hace ninguna alusión a uno de los ejes de la movilidad sostenible, los puntos de recarga para los vehículos eléctricos. ¿Cómo va a pilotar el Ministerio de Transportes el despliegue de la infraestructura de recarga inexistente en nuestro país si no están en la Ley? Tiene que haber una autoridad que se encargue del despliegue. ¿Estará dentro del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible?
Asimismo, estaría bien que esa autoridad tenga una app o plataforma que unifique todos los cargadores, como tienen en Portugal. De momento sabemos que hay una iniciativa en ese sentido, el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, que tiene que recopilar los datos de los operadores para reflejar localizaciones, horarios, métodos de pago, número y tipo de puntos de carga, potencia y voltaje o servicios complementarios.
Señal R-308 con placa complementaria
En tercer lugar, si la movilidad sostenible pasa por el uso del transporte público en mayor medida, tiene que haber una planificación adecuada de los aparcamientos disuasorios, para incentivar la intermodalidad. Muchas veces el problema del transporte público no es su coste, incluso si se ofrece sin coste, sino su comodidad. Eso sí que marca la diferencia.
Un cuarto punto muy deseable sería que las propias administraciones públicas diesen ejemplo. No basta con que adquieran coches de bajas emisiones o totalmente eléctricos con cargo al presupuesto público, también debería hacerse un mayor uso por parte de nuestros dirigentes de medios de transporte limpios.
El mensaje es menos creíble para el ciudadano cada vez que despega el helicóptero Super Puma o un Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire, o hay que mover comitivas de una docena de vehículos de altas emisiones y ninguno eléctrico. ¿Cuánto CO2 expulsa a la atmósfera el avión del presidente para ir con su comitiva de Madrid a Valladolid para asistir a la gala de los Premios Goya, cuando en tren se tarda solo 53 minutos?
???? Aterrizando T.18-1 (callsign LINCE01, DASSAULT Falcon 900) en Castilla y León ????????
???? 287€ combustible
⛽ 494.11 litros
???? 1.38 T de CO2???? Uso: Sin registrar
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— Falcon Despega (@falcon_despega) February 10, 2024
Por último, de poco sirven las normas si no se controlan. Debería haber un régimen sancionador que pueda afectar a los particulares, las empresas y las administraciones públicas. Por ejemplo, si hay puntos de recarga que dan un servicio público, deben tener inspecciones y unos mínimos de servicio garantizado. Ídem para aquellas administraciones que, por la razón que sea, incumple sus objetivos legales mientras el ciudadano es puntualmente sancionado cada vez que se sale del tiesto.
1 Comentario. Dejar nuevo
Estoy de acuerdo en todo salvo en que el presidente elija método de transporte por sostenibilidad. El transporte del presidente se elije exclusivamente por SEGURIDAD, molaría que usarán el método más ecológico pero lo protocolos de seguridad van por delante.