

Aunque España es uno de los principales mercados de la Unión Europea, y entre los que más turismos matriculan cada año, con los coches eléctricos hay que hablar de una anomalía. Mientras la media de la UE es de más del 14 % de matriculaciones de coches eléctricos -sin incluir híbridos enchufables- hasta octubre, en España es bastante menos, un 5,4 % entre enero y noviembre de 2023. Sirva de comparación que en Portugal es casi más del triple, el 17% este año.
Esta discrepancia no se debe tanto a razones culturales o sociales, ni a la red de puntos de recarga, sino que las causas son más bien económicas. Por un lado, tenemos el problema del precio. Es una tecnología con un sobrecoste notable, principalmente por las baterías, y estamos en un contexto de fuerte inflación. A eso hay que añadir las dificultades para obtener financiación o, si se consigue, que esta sea a un elevado interés.
Las políticas de incentivo para que aumenten las compras de coches eléctricos no son atractivas para la mayoría de los compradores, ya que estas se consiguen en diferido. A diferencia de otros planes de incentivo previos, como el viejo Plan Prever o el Plan PIVE, de ser el comprador eligible para recibir la ayuda, la recibía en el acto.
Cómo funcionan las ayudas en España
Las ayudas del Plan MOVES no funcionan de esa forma. Primero se hace la operación de compra y se remite toda la documentación al organismo autonómico correspondiente. De lograrse la ayuda, esta puede tardar en percibirse entre uno y dos años, puede que algo más. Por lo tanto, queda claro que la ayuda le sirve más a quien puede afrontar ese gasto inmediatamente, que a quien no.
Por otra parte, como toda subvención o ayuda que se percibe, la Agencia Tributaria la contabiliza como una ganancia patrimonial. Esto es, como un premio de lotería, y se tributa más o menos en función de los ingresos y gastos de cada hijo de vecino. Por lo tanto, y al igual que la lotería, del dinero público que se recibe, hay que devolver un pedazo. Con los planes VIVE y PIVE pasó lo mismo.
A partir de junio de 2023, esto mejoró ligeramente. Hasta un precio de venta de 54.450 euros (45.000 euros sin IVA), o más si son vehículos de 8-9 plazas, los compradores se pueden deducir del IRPF el 15% sobre una base máxima de 20.000 euros. Todo lo que uno se deduce, deja de pagarlo en la declaración de la Renta. En otras palabras, esta medida hace que la cantidad que haya que devolver a Hacienda sea inferior, hasta 3.000 euros menos, por lo que el Plan MOVES cunde un poco más. En el mejor caso posible, el beneficio alcanza los 10.000 euros.
La disponibilidad de puntos de recarga, ubicación y potencia son también factores a tener en cuenta, pero no tan decisivos como la variable del precio. Incluso en un país donde la renta per cápita es muy elevada, véase el ejemplo de Noruega, tener un ecosistema de trato de favor por parte de la Administración es importante, sobre todo si se combina con trato hostil (sistema bonus-malus) contra otras tecnologías que producen emisiones de CO2.

¿Hay diferencias en función de las CCAA?
Por otra parte, hay que hablar de ayudas autonómicas que sean compatibles con el MOVES. El año pasado, Navarra ofreció condiciones más ventajosas que otras autonomías, permitiendo una deducción fiscal de hasta 7.500 euros, a sumar a la dotación del MOVES. Aunque es un mercado muy pequeño y hablamos de apenas 708 coches eléctricos de un total de 6.329, la cuota autonómica de eléctricos era del 11,19%, casi 10 puntos por encima de Madrid, con un 1,36% de cuota el mismo año, la más baja de las 17 autonomías.
¿Y qué pasaba en Madrid? Allí se bonifica el achatarramiento de un vehículo sin distintivo ambiental o de más de 10 años, canjeable en un bono de 1.250 euros para empresas de alquiler a corto plazo de vehículos, o ayudas directas para comprar patinetes (VMP), bicicletas de pedaleo asistido (EPAC), ciclomotores y motocicletas eléctricos.
Este esquema de ayudas nada influye en las ventas de turismos, pero tiene un impacto limitado hablando de vehículos más ligeros. Se puso en marcha en 2020 y se ha prorrogado hasta la actualidad con inyecciones de presupuesto extra. Dicho de otra forma, sirve como ejemplo, pero poco más.

¿Existe alguna solución?
Lo principal es ajustar la fiscalidad para que las ayudas sean inmediatas, pero además se pueden hacer más cosas. T&E y ECODES propusieron otras medidas, como:
- Rediseñar el impuesto de matriculación para bonificar a los coches de cero o muy bajas emisiones, en vez de criterios obsoletos como estar por debajo de 100-120 g/km de CO2.
- Reformar el impuesto de circulación para eliminar bonificaciones a vehículos de combustión, o que no sean similares a las de vehículos sin emisiones.
- Apoyar fiscalmente el vehículo eléctrico en las empresas y que estas muestren más interés en los vehículos sin emisiones, el transporte electrificado de mercancías o el coche compartido.
- Implementar un sistema de bonus-malus en las ayudas directas, donde no solo se bonifica a los vehículos sin emisiones, se penaliza a los térmicos.
Está claro que todo influye, y España lleva años acumulando un parque móvil muy envejecido, de unos 14 años en la actualidad, aunque en parte se deba a un efecto estadístico porque el Registro de Vehículos acumula miles y miles de zombies -vehículos que figuran sin baja definitiva, ni seguro ni ITV en vigor, aunque hayan dejado de existir hace años. La DGT no le ha puesto solución todavía.
La situación política en España ciertamente no contribuye a solucionar el problema. Júntese esto con las razones económicas y la incertidumbre vital y financiera de millones de ciudadanos y tenemos una explicación razonable de por qué no se venden más coches eléctricos en España.




