Puntos de recarga, actuaciones rápidas y de bajo coste que pueden acometer los Ayuntamientos

Es algo que se repite constantemente en conversaciones sobre coches eléctricos con quien tiene interés, comprende el beneficio para todos de la movilidad eléctrica, pero no puede, o cree que no debe, contemplar el uso de uno por no tener plaza de garaje con un punto de recarga.

La frase suele ser algo así como: “Hasta que no pongan puntos de recarga por cualquier calle no me compraré uno”.

Bien, ¿cómo podemos hacer para que nuestro ciudadano valore más seriamente la idoneidad de usar un vehículo eléctrico? Nosotros, individualmente, no, pero sí a nivel de nuestra comunidad. ¿Qué puede hacer nuestro ayuntamiento?

Iniciativa pública

Hay toda una serie de actuaciones con nivel creciente de complejidad y coste por punto de recarga que puede hacer el consistorio para facilitar a los ciudadanos el que puedan cargar sus vehículos eléctricos, aún en los casos en que no tienen acceso a una instalación de carga de uso privativo.

• Una de las más sencillas es utilizar cualquier instalación municipal que esté a nivel de calle y que utilice energía eléctrica como posible punto de recarga. Puede ser un armario de alumbrado público, de semáforos, de riego, de bolardos automáticos… Muchísimas instalaciones municipales cumplen con los requisitos, que serían estar cerca de la calzada y de usuarios potenciales, y disponer de una acometida suficiente para el uso simultáneo de la instalación anfitriona y de los puntos de recarga. Para que sea útil, siempre que sea técnicamente posible, habría que instalar un par de plazas de baja potencia (3,7 kW) para que quien tenga que desplazarse por obligación en coche, a trabajar o atender un asunto un poco largo, pueda hacerlo perfectamente. Por la noche serviría para la recarga de quien no disponga de plaza de garaje. Prácticamente cualquier acometida puede proporcionar esa potencia. Éstos deberán ser los puntos más numerosos.

En la foto se observa un armario de alumbrado público cercano a la calzada. En este caso la obra civil a ejecutar es mínima

Una ciudad de 50.000 habitantes que quiera apostar de forma decidida por las cero emisiones en transporte privado, debería disponer inicialmente de un mínimo de 50 ubicaciones como éstas, repartidas por toda su geografía, siendo 100 un número óptimo en un futuro a medio plazo. Ello supone una inversión de 150.000-200.000 € para 50 ubicaciones, ya que al utilizarse puntos de suministro ya existentes y ser de baja potencia, la inversión se limita a el propio punto de recarga y a una muy escasa obra civil. Para poner la cifra en perspectiva, se trata de aproximadamente un 20 % de la cantidad que tiene presupuestado mi municipio (40.000 habitantes) para festejos.

• Otra opción es destinar una o dos plazas de recarga de potencia media (7,4-22 kW) en algunos puntos de suministro para quien tenga que atender asuntos breves y con limitación de tiempo de uso (tal vez dos o tres horas sea un tiempo razonable). Una proporción deseable podría ser uno de estos PdR por cada 4-5 de los anteriores. Igualmente, y de forma ideal, debería haber uno de éstos por cada 500 metros de extensión de la ciudad, que es la distancia que se puede recorrer en 6-8 minutos caminando.

Usando un punto de recarga en la vía pública

La ciudad de 50.000 habitantes que he usado como ejemplo en el apartado anterior, debería disponer de 20-25 ubicaciones de este tipo. En este caso, el coste del punto de recarga sería similar al de los anteriores, pero por contra, es posible que sean necesarias reformas en las instalaciones anfitrionas para poder asumir la mayor demanda de potencia, por lo que el presupuesto total para este caso sería ligeramente superior al anterior, aún tratándose de una cantidad mucho menor.

• Por cada 10.000 habitantes un PdR rápido, de 50kW. Esta potencia es ya más difícil que exista en puntos de suministro existentes, por lo que tal vez se haría la instalación a lo largo del tiempo, pues seguramente debieran ser puntos nuevos. En éstos la limitación de tiempo debe ser estricta, no más de 1 hora.

Estos puntos de recarga quedarían relegados al uso de viajeros de paso y ciudadanos que necesiten, por la razón que sea, meterle un chute rápido de energía al coche.

Nuevamente casi se repiten cifras, quedando la inversión total en una cantidad similar.

En resumen, nuestra hipotética ciudad de 50.000 habitantes, debería invertir aproximadamente medio millón de euros en poner puntos de carga por toda la ciudad, que es el doble de lo que se destina en mi ciudad a protección y mejora del medio ambiente, con una particularidad, que este gasto se da sólo una vez, redundando en la mejora del medio ambiente urbano durante muchos años. Por lo tanto más que un gasto puede considerarse una inversión a largo plazo.

Coste

Ahora la pregunta que siempre acompaña a estas proposiciones de inversión pública es: “¿Y todo esto quién lo paga?”

Como he indicado, yo no considero que sea un gasto, sino una inversión. Y no una inversión que redunda en menos gasto por otro lado, o en bienestar para la ciudadanía, cosas ambas ciertas, sino una inversión que se rentabiliza a sí misma.

Veamos unos números:

En los puntos de baja potencia, si logran una ocupación del 50 % por las noches (100 instalados), con una recarga de 30 kWh de media (parque móvil eléctrico en la localidad, 200 vehículos, 50 km. diarios), se lograrían unos ingresos anuales de 82.125 € con tarifas estándar de 0,15 € por kWh. Eso sin contar las recargas por el día, ya que también habría ciudadanos que trabajan por la noche o trabajadores que se ven obligados a traer su coche para trabajar en nuestra ciudad hipotética. La demanda total de energía eléctrica sería de 547 MWh, que se podrían aportar con una instalación fotovoltaica de una extensión combinada equivalente a dos campos de fútbol, sobradamente alcanzable cubriendo de placas las cubiertas de los edificios municipales elegidos por su idoneidad.

Placas solares en edificio de Pamplona.

“¡Un momento!, estamos hablando de hacer cargas por la noche, por la noche no hace sol”. Cierto, pero la venta de esa energía por el día sufragaría la compra de energía por la noche. Claro que entonces estamos sumando a la inversión el coste de la instalación de dicha energía fotovoltaica, pero, dado que estas instalaciones han demostrado ser extremadamente duraderas y sin apenas mantenimiento, el coste anualizado de dicha inversión resulta prácticamente despreciable, generando beneficio, no solo social, sino económico durante varias décadas.

En el caso de los PdR de potencia media o de los rápidos, al poder ser sus tarifas más altas y mayor su venta de energía diaria, su amortización se daría antes.

Aún así pienso que, lo mismo que los ciudadanos residentes disfrutan de los festejos o de la limpieza de las calles, sin ser algo que genere dinero de forma directa, tal vez durante un tiempo limitado de entre 2 y 5 años, y para incentivar que los ciudadanos adquieran vehículos eléctricos, el suministro de energía debiera ser gratuito para residentes, debidamente identificados mediante tarjeta RFID expedida por el ayuntamiento. No es necesario negar que esta medida lastraría los resultados económicos durante años, pero a la vez que asegura la consecución social del proyecto (descarbonizar el transporte dentro del municipio), crea una base de clientes “cautivos” que van a asegurar la rentabilidad del proyecto durante los años próximos.

Soy escéptico en cuanto a si esta operación debiera hacerse en colaboración con un gestor de cargas como los que están creando las compañías eléctricas, para así poder reducir la inversión, ya que el periodo no tarificado inicial debería salir de las arcas municipales y el rédito económico posterior no llegaría nunca al consistorio o, en el mejor de los casos, sería muy limitado, únicamente por los derechos de concesión.

En lugar de ello, yo apostaría por establecer colaboración con entidades como Electromaps, de manera que la instalación y obra civil correría de cuenta del ayuntamiento y la gestión de acceso y cobro, así como la visibilidad y búsqueda de los PdR’s municipales quedaría concedida a una empresa externa a cambio de un pequeño porcentaje en el importe cobrado por la recarga.

Beneficio social

Habrá quien diga que este plan es costoso para ofrecer únicamente la solución para la electrificación de 200 vehículos. Como reza el título, se trata de un plan de bajo coste y sobre todo rápido para acometer desde el ámbito municipal el reto de la emergencia climática, y dado que, si se ha de tomar el asunto como una empresa rentable, y como siempre los inicios son lo más duro, es necesario acometerlo de una forma limitada al principio. Cuando el resto de los ciudadanos vean las ventajas de la movilidad eléctrica, ellos mismos tomarán la iniciativa, instalando PdR en las plazas de garaje de su propiedad, aumentando el número de vehículos enchufables de los que dispone el municipio ya que “si Fulanito tiene un coche eléctrico no teniendo garaje ¿como no voy a poder hacer yo lo mismo, que sí que tengo?”

Abierto a la iniciativa privada

Igualmente, una vez alcanzada la amortización económica del servicio, o antes si la demanda supera la oferta pública, se podrá abrir la concesión de permisos a la iniciativa privada que verá éste como un filón deseable de explotar.

Por ejemplo, negocios o incluso viviendas que queden al lado de la calzada pueden instalar PdR públicos y explotarlos, en colaboración estrecha con el ayuntamiento, que proveería el marco legal necesario (por ejemplo prohibición de aparcamiento sin recarga). Ello completaría esa labor pública de extender la red de carga del municipio y seguir con la premisa de  instalación sencilla que aporta rapidez y bajo coste.

Contador de un negocio, próximo a la calzada

Por último y, a modo de conclusión quiero hacer unas preguntas al lector:

¿Quién queremos que establezca dónde se colocan los puntos de recarga? ¿Una empresa cuyo único objetivo es la consecución de lucro, idealmente cuanto más alto mejor, o una entidad pública, supuestamente imparcial cuyo objetivo es el bienestar de la ciudadanía en general?

Pregunto esto porque todo lo que relato aquí va a pasar; lo único que va a cambiar va a ser el promotor y sus objetivos y plazos. Si los organismos públicos no toman la iniciativa de forma valiente, lo harán empresas, pero más tarde y bajo criterios puramente económicos, no de si “en tal barrio haría falta proveer de soluciones de recarga”.

Es conveniente hacer notar aquí que, allá donde la iniciativa pública está tomando cartas en el asunto, de la mano de la privada o no, los ciudadanos están resultando receptivos y responden a ello adquiriendo vehículos eléctricos, puesto que la percepción es que “vaya a donde vaya, voy a poder recargar mi coche”. Y eso es un asunto en el que todos salimos beneficiados.

Es hora de que los ayuntamientos hagan cierta la declaración de emergencia climática que muchos están haciendo y tomen cartas en el asunto de una forma local, haciendo cierto aquello de “piensa en global, actúa en local”.