La sostenibilidad es una de las necesidades de nuestra era. Hay quien piensa que es compatible con el progreso, otros dicen lo contrario, pero forma parte de nuestro presente. En lo que al automóvil se refiere, la sostenibilidad se asocia frecuentemente con los vehículos de cero emisiones, es decir, eléctricos.
Esta nueva tecnología tiene una serie de inconvenientes, y uno de ellos es no tener la tranquilidad de que en cualquier sitio es posible recargar. Cuando no se tiene tal tranquilidad, es cuando puede aparecer la ansiedad por la autonomía, y se acrecenta cuanto más se acerca al temido cero. Por lo tanto, resulta evidente que, para facilitar la transición, haya puntos de recarga por todas partes.
Sin embargo, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en su redacción provisional de febrero de este año, solo se refiere a los puntos de recarga a efectos de integración en un sistema que informe de su ubicación, estado, características, etc. Pero ni una palabra más. Mientras tanto, España sigue adoleciendo de una red suficientemente capilarizada para cumplir con los estándares europeos.
Rueda de prensa posterior al Consejo Ministros del 13 Febrero 2024
También es un capítulo pendiente lo de tener un sistema de información centralizado frente a una miríada de aplicaciones, proveedores y terminología que, a veces, se le escapa por completo al ciudadano. El Proyecto no dice qué autoridad se va a encargar de su despliegue, ni prepara una app para facilitar la vida a los conductores. Nada. Que los pongan otros y ya si eso que se integren.
Por otro lado, es como si la futura Ley estuviese más pensada en los urbanitas de alto poder adquisitivo, aquellos que pueden adquirir modelos con más autonomía y costearse sin problema las recargas más caras del mercado, frente a la población rural de menores ingresos, malas conexiones de transporte y pocas oportunidades de recarga. Las ayudas no están siendo eficaces para los que más las necesitan.
Las recientes protestas de los agricultores y ganaderos son la punta del iceberg, la España rural se siente cada vez más olvidada por una clase política centrada en sus problemas, y además de ellos, sobre todo en de los votantes de las ciudades. España no puede vivir de espaldas al mundo rural, si de un día para otro se cruzase de brazos, las consecuencias se notarían inmediatamente al desabastecerse los supermercados e hipermercados. La comida no crece directamente en los estantes.
Análogamente, la Ley de Movilidad no es sostenible si no se abarca con otro enfoque la proliferación de puntos de recarga. No es necesario llegar al punto de montar una empresa pública para ello. La iniciativa privada puede bastarse solita, pero como hemos indicado en más de una ocasión, rentabilizan antes sus inversiones donde el número de usuarios va a ser más elevado, que donde tendrán menos uso. Cae por su propio peso.
¿Qué tal un modelo de colaboración público/privado, en el que se ponen facilidades a las empresas que realmente instalan esos puntos de recarga? Un sano término medio entre no hacer nada y que el Estado asuma, cueste lo que cueste, semejante despliegue. El actual Gobierno de España no es sospechoso de ir en contra de la transición energética, pero en ocasiones confunde sus prioridades, y estas deben estar más cerca de las prioridades del ciudadano -vote a quien vote, y viva donde viva.
¿Por qué la Ley de Movilidad Sostenible habla de los puntos de recarga de puntillas? ¿Qué pasa con esos objetivos de despliegue? ¿Por qué es tan fácil adquirir un coche eléctrico cuanto los ingresos son más elevados, y tan difícil cuando son más modestos? Las recetas ya existen y hay muchos ejemplos en los que basarse, adaptándolos a nuestra idiosincrasia, y aún diré más, hasta se puede hacer con un coste relativamente bajo para las arcas públicas -siempre y cuando eso tenga externalidades positivas y una actividad económica agregada.
De acuerdo, ya no estamos en la época de los grandes monopolios estatales, esos que tan poco gustan en Europa. Sin embargo, en no pocos países europeos se ha comprobado cómo las políticas del sector público pueden incentivar la actividad del sector privado, sin necesidad de ir a un modelo de empresa pública que ponga cargadores por cualquier lado, sea rentable o no, por ser un servicio público.
Tal y como está el Proyecto, la Ley va a nacer falta de contenido. Y están a tiempo sus señorías de enmendarlo.