Un importante sector de la población considera que algunas medidas de carácter ecológico son simplemente un castigo de clase o nuevas formas de recaudar, sobre todo si no tienen el poder adquisitivo para utilizar un vehículo que no esté afectado por ciertas medidas. El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible tiene una bomba guardada, y no muy conocida por el público.
Se trata de los peajes urbanos o tasas de acceso, que no es ni mucho menos un invento patrio, en ciudades como Londres existen desde hace más de 20 años; en el caso concreto de la capital del Támesis, se llama Congestion Charge, que podemos traducir como “el que contamina, paga”, o “si paga, puede contaminar”. A los efectos, es lo mismo. Estas tasas de acceso podrían implantarse en España, en los municipios que lo decidan implementar. No serán las 15 libras de la Congestion Charge -unos 17,50 €-, pero algo costarían.
En el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, tal y como está redactado provisionalmente, modificaría en su Disposición final segunda una legislación existente, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para el que no lo conozca, establece por qué pueden cobrar ciertos ayuntamientos, como el estacionamiento regulado en superficie, impuesto de tracción mecánica o de basuras.
Concretamente, la modificación afecta al Artículo 20, que enumera el hecho imponible o por lo que se pueden cobrar tasas o impuestos, y específicamente en su punto tercero: “Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes:”.
En la actualidad, hay epígrafes de la a) a la u), por lo que se insertaría uno más en la v), que dice así: “En las zonas de bajas emisiones, la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas que se hayan establecido para circular por las mismas”.
Esto significa, ni más ni menos, que en toda zona de bajas emisiones (ZBE) que hayan establecido los ayuntamientos (obligados si tienen más de 50.000 habitantes), se podrá cobrar un peaje urbano para acceder a las ZBE con vehículos que, a priori, no están autorizados. En otras palabras, sería como pagar la multa por acceder, pero con un importe reducido, y sin las complicaciones habituales: alegaciones, recursos, contenciosos administrativos, etc. Un peaje no se puede reclamar.
Nuevamente, será una medida impopular, porque se supone que las ZBE se establecen para reducir la contaminación urbana del aire, no para aumentar los ingresos de los ayuntamientos. La cara B de la moneda es que permitiría el acceso puntual para quien dejará de poder hacerlo sin cambiar de vehículo, pero no será una solución para una movilidad habitual. Bueno para lo esporádico, como el ocio nocturno con malas conexiones de transporte público, pero malo para ciertos trabajadores, familiares, etc.
Estos peajes urbanos no necesitarían barreras físicas, basta con usar un sistema de cámaras y lectura de matrículas asociadas a bases de datos, el mismo sistema usado en las autopistas portuguesas sin barrera
Para determinados ciudadanos, sería la guinda del pastel en una cadena de agravios que, por a) o por z), están sufriendo: no pueden vivir cerca de sus puestos de trabajo por la escalada de la vivienda y el alquiler, pero tampoco pueden contar con conexiones adecuadas de transporte público donde sí pueden vivir, ni utilizar su medio de transporte privado si ha acumulado años y no cumple las condiciones para acceder a una ZBE. Se agudiza el círculo vicioso del empobrecimiento.
¡Pero todo queda solucionado pagando más! Parece una medida orientada a los conductores de más alto poder adquisitivo que, teniendo vehículos que no cumplan las condiciones de acceso a las ZBE, puedan esquivar puntualmente a cambio de la tasa, de la misma forma que pagan peajes para ahorrarse tráfico, y el que no lo paga está condenado a llegar más tarde o por vías más peligrosas. Curiosa forma tiene nuestro gobierno de ser “progresista” y de aplicar la “justicia social”.
¿Existen alternativas a la implantación de los peajes urbanos?
Sí, pero hace falta como siempre tanto voluntad como presupuesto. Si el objetivo es reducir la contaminación y que ciertos vehículos no circulen, de cara a garantizar el derecho de libre circulación, hay que brindarle al ciudadano alternativas. Por ejemplo, intercambiadores de transporte que cuenten con plazas de aparcamiento disuasorias para facilitar la multimodalidad.
Otra solución es el uso de vehículos compartidos, donde los usuarios dejan su coche o moto, recogen uno alquilado por minutos, y lo dejan aparcado cerca de su destino para que otro usuario lo mueva, optimizando el espacio de aparcamiento, y con vehículos de bajas emisiones. En España este modelo lo implantó una empresa privada, WiBle, la solución de coche compartido de Repsol y Kia.
No es necesario que se usen empresas públicas para tal fin, pero se pueden habilitar espacios públicos en desuso, y facilitarlos a las empresas operadoras en régimen de concesión o a cambio de un canon, y que se obtenga un ingreso municipal que tenga a cambio un mayor beneficio. Se trata de reducir vehículos y emisiones, y así se podría amortiguar el impacto de las ZBE para aquellos que no tienen el vehículo adecuado. WiBle cuenta con tres bases en Madrid para tal fin, ¿por qué no apostar por ese modelo?